Fiscal acusa a tres hombres y una mujer por hurto agravado y coacción
El requerimiento conclusivo se presentó ante el Juzgado de Garantías a cargo de la magistrada Carina Frutos Recalde.
El agente fiscal Alberto Torres Flores, de la Unidad Penal N.º 3 de Presidente Franco, presentó acusación contra Florentino Balbuena, Antonio Fermín Leiva Vargas, Elvio Leiva Vargas y Kelly Marizza Leiva Guedes, por los hechos punibles de hurto agravado y coacción. Asimismo, el Ministerio Público solicitó la elevación de la causa a juicio oral y público. El requerimiento conclusivo se presentó ante el Juzgado de Garantías a cargo de la magistrada Carina Frutos Recalde.
Los antecedentes refieren que el 23 de septiembre de 2022, alrededor de las 16:30 horas, los ahora acusados, junto con un grupo de 10 a 15 personas aún no identificadas, irrumpieron violentamente en la vivienda de María Sunilda Delvalle Caballero, ubicada en el km 8 Monday, barrio Santo Domingo, en Presidente Franco.
Los sindicados se basaron en una resolución municipal que, supuestamente, otorgaba a Florentino Balbuena el derecho sobre el inmueble. Con este argumento, procedieron a romper el candado y la cerradura de la puerta de acceso, ingresando al lugar para sustraer las pertenencias. De allí, se llevaron diversos objetos, entre ellos muebles, electrodomésticos, ropas, calzados, un ropero y utensilios de cocina.
Todo esto ocurrió en ausencia de la víctima y su familia. Al ser alertada por lo sucedido, María Sunilda acudió rápidamente a su casa, donde constató el atropello. En el lugar, fue agredida físicamente y amenazada por los responsables.
Posteriormente, Balbuena contrató un camioncito tipo fletero para trasladar las pertenencias sustraídas hasta una casa (inquilinato), ubicada en las inmediaciones. Al revisar su hogar, la víctima se percató de la desaparición de 1.170.000 guaraníes en efectivo, que había guardado en su ropero, así como joyas varias valuadas en 1.000.000 guaraníes.
Con los elementos probatorios recolectados, el Ministerio Público considera que existen suficientes fundamentos para llevar a cabo el juicio oral y público y que los acusados deben responder por sus actos.
Comentarios