Fiscalía y Policía Nacional actúan de “cómplices” de invasores
Pese a que el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, aseguró varias veces que no cederá a presiones, en CDE ocurre lo contrario.
“Marito” dijo que “quien invade tierras y cree que ese es el camino, se equivoca” y pidió que se les controle a las autoridades que deben actuar contra supuestos dirigentes campesinos, quienes lucran con las invasiones.
La Fiscalía de Ciudad del Este y agentes policiales cuentan con audios y vídeos en los que se nota que el barrio 23 de Octubre ya tiene varias propiedades invadidas por grupos de “sintierras”.
El Ministerio Público tiene registradas varias denuncias por invasión de inmueble ajeno, asociación criminal y otros hechos punibles afines, pero hasta el momento no actúa como la ley obliga.
INVASORES PROFESIONALES
Según los datos, en el barrio 23 de Octubre existen “invasores profesionales”, quienes se dedican a irrumpir propiedades ajenas y luego las venden bajo engaños a varias personas. Ellos son asesorados por abogados y hasta contratan a capataces para custodiar el lugar y actuar de “soplones” para que otros “campesinos” lleguen al sitio ante la presencia de la dotación policial.
Las investigaciones periodísticas descubrieron que “líderes” están ofreciendo abiertamente los terrenos invadidos, por sumas millonarias.
Los verdaderos dueños de las propiedades denunciaron ante la prensa que ya gastaron un dineral para que la Fiscalía y la Policía actúen de acuerdo a los protocolos, pero que los procedimientos ya fueron repetidamente suspendidos sin argumento alguno por el Ministerio Público.
Además de las invasiones, hay denuncias que los delincuentes aprovechan la ocasión para talar árboles y luego construyen viviendas precarias en las que cometen varios tipos de hechos ilícitos, como la prostitución, drogadicción, entre otros.
El Código Penal en el artículo 142 refiere que “el que individualmente o en concierto con otras personas y sin consentimiento del titular ingresara con violencia o clandestinidad a un inmueble ajeno y se instalara en él, será castigado con pena privativa de libertad de hasta dos años o con multa”.
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