El caso empezó en Foz de Yguazú, Brasil, donde ella sufrió una serie de discriminaciones por ser mujer, paraguaya, migrante y vegana.

Una joven madre paraguaya vive un calvario intentando criar a su pequeño en libertad y lejos de la violencia. Patricia García Adorno enfrenta un juicio de restitución internacional promovido por su exmarido y padre de su hijo, a quien denunció por varias violencias. El caso empezó en Foz de Yguazú, Brasil, donde ella sufrió una serie de discriminaciones por ser mujer, paraguaya, migrante y vegana. A fines de 2020 se refugió buscando justicia en Paraguay y ahora pelea por la custodia de su hijo ante organismos judiciales de ambos países. 

En agosto de 2020, plena pandemia, a Patricia García Adorno le quitaron su bebé en Brasil. Ella, estudiante paraguaya residía en Foz de Yguazú. Por orden del Juzgado de Infancia y Juventud de Foz, le arrebataron a su pequeño aún lactante, alegando que se encontraba en riesgo de vida. La custodia del bebé pasó al padre y exmarido brasileño.

Desde entonces comenzó el calvario, ya que Patricia denuncia que las instituciones judiciales brasileñas le negaron el derecho a la defensa, violaron su derecho a ejercer su maternidad y el derecho de su hijo a la lactancia extendida y a libre demanda.

Antecedentes del caso y una serie de negligencias

Patricia tenía la custodia del bebé, que nació luego de la acción de divorcio. Ella había denunciado al exmarido por violencia intrafamiliar y contra la mujer, ella logró medidas de protección. También lo denunció por abandono gestacional y paterno afectivo del recién nacido. 

En ese contexto, la madre y el padre tenían un acuerdo de visita por conciliación en el Juzgado de Familia. Pero durante la pandemia, el bebé enfermó y cuando la madre lo llevó al hospital para consultar, el personal sanitario incurrió en varias negligencias que afectaron la salud y causaron un retroceso en el desarrollo del bebé. El exmarido culpó a Patricia por esta situación, recurrió a la Justicia y le quitó la guarda. 

El padre acusó a la madre ante el Centro de Nutrición de Foz de supuesta falta de control prenatal, negativa de la madre a darle alimentos de origen animal al bebé por llevar una alimentación vegetariana, retraso en las vacunas, tratamientos con medicina tradicional, etnomedicina y medicinas naturales; como homeopatía, bioenergía.

En ese proceso, Patricia denuncia que sufrió una serie discriminaciones y no fue escuchada por la psicóloga y trabajadora social del Juzgado de Niñez, quienes se limitaron a escuchar sólo al padre. No consideraron los documentos de la madre como el carnet del SUS - Sistema Único de Salud Pública en Brasil y los registros de las consultas-, carnet de vacunación ni los exámenes que comprobaban la salud del bebé.

También se obviaron las declaraciones del pediatra, nutricionista, fisioterapeuta, fonoaudióloga y microfisioterapeuta que acompañaron al bebé y dan fe del cuidado y compromiso de la madre.

El proceso del Juzgado de la Niñez fue sesgado y parcial a favor del padre. A partir de ese momento inició la lucha de Patricia por recuperar la convivencia con su bebé, ya que el proceso judicial tuvo también un conflicto de competencia entre el Juzgado de la Niñez y de la Familia, donde se tramitó el divorcio y la pensión alimenticia.

La madre estuvo 50 días sin contacto con el bebé, aún en periodo de lactancia. Sólo recuperó contacto mediante un Habeas corpus que sólo permitía una convivencia de 3 horas al día para amamantar. 

Repercusión mediática y apoyo social a la madre y bebé

La violación del derecho a la lactancia materna, tanto al pequeño como a su madre, derivó en una campaña #DevolvamSamaparamãe, con una repercusión considerable en las redes sociales y medios periodísticos. Incluso personalidades como Xuxa, lideranzas de pueblo originarios apoyaron la causa. La jurista brasileña María Berenice Dias elaboró una detallada nota técnica sobre el proceso y también apoyó la diputada federal, Jandira Feghali, para formular una denuncia internacional por violación de derechos humanos. También el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos de la Mujer de la Defensoría Pública de Paraná solicitó autorización en el proceso para actuar como costos de vulnerabilidad.

Ante la falta de garantías y las resoluciones judiciales que atentaron contra los derechos de madre e hijo, favoreciendo al progenitor denunciado por violencia doméstica, Patricia se refugió en Paraguay con su pequeño desde fines de diciembre de 2020. 

En Paraguay, ella se presentó ante el Ministerio de la niñez y adolescencia, Ministerio de la mujer, Juzgado de la niñez y adolescencia, Defensoría Pública, CODENI  (Consejería Municipal por los Derechos del Niño, la Niña y el Adolescente). En nuestro país logró una medida cautelar de protección ante el Juzgado de la Niñez de Luque, para ella y su hijo. 

En julio de 2021, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Paraná, resolvió por unanimidad la convivencia compartida del pequeño con sus padres, con domicilio materno de referencia y reactivar  la pensión alimenticia de obligación paterna. 

Sin embargo, se encuentra activo un proceso de restitución internacional promovido por el progenitor fundado en hechos que no condicen con la realidad y utilizado nuevamente términos discriminatorios hacia Patricia por su nacionalidad paraguaya, y una solicitud de medida cautelar del infante a instancias internacionales. 

Desde abril de 2022 la defensa de Patricia intentaba trataba de tramitar un acuerdo de partes mediante la Defensoría Pública de la Niñez, pero el padre aún no responde. 

Todo este tiempo, Patricia García recibió y sigue recibiendo apoyo y acompañamiento de Kuña Poty, organización feminista Ciudad del Este, Psicofem, Consultorio Jurídico Feminista, CasaFem y referentes de la lucha por los derechos humanos que se solidarizaron con su caso.