Interventor afirma que hubo malversación y desvíos en Comuna de CDE
Lo dijo en conferencia de prensa.
El interventor Ramón Ramírez llamó a una conferencia de prensa este martes y dijo que “comprobó” una malversación de más de G 29.000 millones de recursos públicos que debían destinarse a inversiones en obras y bienes de capital, pero fueron desviados para cubrir gastos corrientes, transferencias y pagos de deudas. El concejal prietista, Sebastián Martínez, aseguró que tal situación no existe y que el presupuesto se ejecutó conforme se aprobó en la Junta Municipal y ningún guaraní fue a parar donde no debía. “Desconozco totalmente los dichos del interventor”, apuntó.
El interventor sostiene en su comunicado que: “Las cifras reportadas en el requerimiento de intervención formulado por ta Contraloría General de la República (CGR) formulaban observaciones sobre la utilización irregular de G 83.000 millones que estaban asignados al financiamiento de gastos de capital. Con la detección de la malversación, se comprueba otra de las causales de la intervención”.
Agrega: “Por otro lado, datos desprendidos de la revisión administrativa y financiera realizada sobre recursos canalizados a través del Consejo Local de Salud (CLS). entre los años 2019 y 2022, que alcanzaron más de G 10.500 millones en el periodo indicado, demuestran serios incumplimientos a las normativas vigentes”.
Refiere en su manifiesto que: “Por ejemplo, de dicho total casi G 6.000 millones se destinaron a obras y refacciones que fueron ejecutadas sin ningún tipo de control técnico ni administrativo, lo que impide determinar si esas inversiones realmente se realizaron como figura en las facturas presentadas, o siquiera si se hicieron”.
“Las irregularidades incluyen transferencias sin documentación técnica ni aprobación del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS), pagos sin certificaciones de avance de obras, y la elusión de procesos legales de contratación”, señala.
Añade que: “Además, las obras carecieron de supervisión y actas de recepción final, por lo que no existe garantía alguna sobre su calidad, seguridad ni cumplimiento de estándares mínimos#.
“Una situación particularmente grave fue que el entonces director de Desarrollo Social de la Comuna también se desempeñaba como sindico titular del Consejo Local de Salud, cumpliendo simultáneamente funciones de control y ejecución, lo que debilitó aún más los mecanismos de fiscalización”, insiste.
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