Durante este primer contacto, intimidaron verbalmente a la víctima y aseguraron conocer detalles de su domicilio.

La agente fiscal Zunilda Ocampos Marín, de la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra la Libertad de las Personas (Antisecuestro), imputó formalmente a Juan Ángel Rojas Meza (44) y Alejandra Raquel Aranda Peloso (30) por los supuestos hechos punibles de coacción, coacción grave, extorsión, extorsión agravada, amenaza de hechos punibles y asociación criminal. Además, solicitó la prisión preventiva de ambos.

Según el acta de imputación, los hechos se iniciaron el 24 de junio de 2025 frente a una vivienda en la ciudad de Los Cedrales, cuando los imputados y un tercero abordaron a un empleado de la empresa Brassur S.A. Los sospechosos exigieron información confidencial sobre movimientos de dinero y proveedores, bajo la amenaza de causar daño físico y de secuestro. Durante este primer contacto, intimidaron verbalmente a la víctima y aseguraron conocer detalles de su domicilio.

En otra ocasión, como parte del mismo operativo de intimidación, los sospechosos abordaron nuevamente a la víctima. Los dos hombres permanecieron en el vehículo, exhibiendo armas de fuego, mientras la mujer ingresó al domicilio del empleado, recorrió las instalaciones y realizó consultas sobre la rutina laboral de la familia. Según consta en el acta, los agresores actuaron coordinadamente, con el objetivo de obtener información confidencial y ejercer presión sobre la víctima.

Tras la denuncia y en el marco de la investigación del caso, las autoridades del Ministerio Público y de la Policía Nacional pudieron identificar a los presuntos responsables de los hechos. Finalmente, este 16 de septiembre, durante un allanamiento a un inmueble en la fracción San Miguel de Minga Guazú, los investigadores detuvieron a los dos sospechosos. En el lugar se incautaron tres teléfonos celulares, varios chips, guantes, una campera roja, un quepis, juguetes y el vehículo Toyota Ractis utilizado en los hechos.

Los indicios recogidos incluyen actas de denuncia, declaraciones testimoniales del empleado de Brassur S.A., notas emitidas por el Departamento de Antisecuestro entre julio y septiembre de 2025, y el acta de allanamiento fiscal-policial. La fiscal fundamentó la imputación en base a elementos de convicción suficientes, solicitando seis meses para concluir la investigación y presentar el requerimiento conclusivo.

La representación fiscal también requirió la prisión preventiva de los imputados, considerando la gravedad de los hechos, el riesgo de fuga y la posible obstrucción de la investigación, asegurando así su sometimiento al proceso penal. Además, ambos registran antecedentes penales, según el Departamento de Informática de la Policía Nacional.

Actualmente, los detenidos se encuentran recluidos de forma provisoria en la Dirección de Policía de Alto Paraná, a disposición del Juzgado Penal de Garantías y del Ministerio Público.