La representación pública solicitó la elevación de la causa a juicio oral y público ante el Juzgado Penal de Garantías Nº 1, a cargo de la magistrada Teresita

La agente fiscal Zunilda Ocampos Marín, de la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra el Medio Ambiente Nº 2 de Alto Paraná, formuló acusación contra tres hombres por delitos ambientales cometidos en la Reserva Natural de Yguazú. Asimismo, la representación pública solicitó la elevación de la causa a juicio oral y público ante el Juzgado Penal de Garantías Nº 1, a cargo de la magistrada Teresita Cazal.

Los acusados, Francisco Mendoza (64), Fermín Cano (42) y Hermenegildo Arias (71), enfrentan cargos por delitos contra el medio ambiente y las reservas naturales, que incluyen la tala de árboles o bosques nativos y la producción de incendios. Estas acciones se tipifican en las leyes 716/96 y 6676/2021, que establecen las normas para la protección ambiental, así como en el Código Penal.

Según los antecedentes, los sindicados ingresaron de manera clandestina y sin autorización en la Reserva Natural Yguazú, ubicada en el distrito de Yguazú, departamento de Alto Paraná, específicamente en el inmueble identificado como Finca Nº 2270, Padrón Nº 4962, propiedad de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE). Esta finca, conformada por tres fracciones que suman 10.155 hectáreas con 2.478 metros cuadrados, forma parte de la cuenca hidrográfica del Lago Yguazú y está protegida por el Decreto Ley 352/94 y el Decreto Presidencial 867/2023, que la declaran Área Silvestre Protegida.

La denuncia sobre el caso fue presentada el 5 de setiembre de 2024 por la abogada Ana Isabel Giménez de Gómez, jefa de la Sección de Cuencas Hidrográficas de la ANDE, tras detectarse el 27 de agosto de 2024 la tala de árboles nativos y la quema de pastizales en la Fracción I de la finca, afectando un área aproximada de dos hectáreas dentro de la reserva.

Durante un recorrido realizado ese mismo día por el personal técnico de la Oficina Regional, acompañados por la denunciante, se constató la quema de árboles en etapa de crecimiento y la existencia de viviendas precarias utilizadas por los acusados. Francisco Mendoza fue encontrado en una casa a orillas del Lago Yguazú; Fermín Cano estaba en el lugar con equipo de campamento y herramientas para la tala y Hermenegildo Arias tenía una choza de madera con evidencias de procesamiento de madera nativa.

Los informes técnicos del Departamento de Bosques y Asuntos Ambientales (DEBOA) y las imágenes satelitales realizadas por la Dirección Ambiental del Ministerio Público confirmaron el cambio de uso del suelo, la afectación de la cobertura vegetal y la existencia de cauces hídricos en la zona, evidenciando el daño ambiental causado.

En el marco de la investigación de los hechos, la Fiscalía pudo determinar que ninguno de los acusados posee títulos de propiedad sobre el terreno, según informes del INDERT y la Dirección General de los Registros Públicos, que ratifican la titularidad de la finca a favor de la ANDE. La acusación sostiene que las acciones de tala y quema realizadas por los acusados en la reserva causaron un grave perjuicio ambiental, atentando contra el equilibrio del ecosistema y la

sustentabilidad de los recursos naturales, afectando la calidad de vida humana y las bases naturales de la vida.

Por lo tanto, la fiscal Zunilda Ocampos presentó la imputación, en su momento, y tras cumplirse el plazo fijado por el Juzgado para la investigación, formuló la acusación y además solicitó la elevación de la causa a juicio oral, para que se juzgue a los responsables conforme a la legislación vigente.