Destacó que se coordinaron acciones con diversas instituciones especializadas en la protección de mujeres

La fiscal Susan Vega, de la Unidad Especializada en la Lucha contra la Violencia Familiar Nº 3, desmintió una supuesta inacción del Ministerio Público y aseguró que la institución brindó asistencia integral a Nancy Soledad Paiva Pintos en el marco de una causa por presunta violencia familiar. Destacó que se coordinaron acciones con diversas instituciones especializadas en la protección de mujeres, incluyendo el Ministerio de la Mujer, la Secretaría de la Mujer y la Policía Nacional, garantizando una intervención adecuada.

A pesar de las medidas adoptadas, la denunciante no cumplió con los controles médicos y psicológicos ordenados, ni colaboró con el avance del proceso judicial. Sin embargo, el martes 24 de junio presentó una nueva denuncia ante las autoridades intervinientes contra su expareja, Cristian Sebastián Rojas, por hechos similares. Además, denunció públicamente una supuesta inacción fiscal.

En su presentación anterior ante la Fiscalía, Nancy Paiva denunció maltrato verbal. Luego, durante su declaración testimonial, manifestó expresamente que no deseaba continuar con la causa. "No quiero que se vaya preso, solo quiero que me firme el permiso del menor porque yo quiero viajar a Argentina con mis hijos", declaró refiriéndose a Cristian Rojas. También indicó que necesitaba ayuda económica de su expareja para contratar una niñera y así poder trabajar tranquila, y admitió que las discusiones con el hombre eran frecuentes porque él no le permitía involucrarse en sus finanzas.

No obstante, en aquella oportunidad, la fiscal Vega dispuso una serie de medidas para brindarle protección a la supuesta víctima. Esto incluyó una inspección médica a cargo de la forense, Dra. Ramona García, quien concluyó que la denunciante no presentaba signos de lesiones físicas. Pese a la falta de lesiones visibles, la Fiscalía ordenó rondas policiales y visitas periódicas a su domicilio, así como comunicación directa con la comisaría jurisdiccional.

También se concretó una entrevista con una psicóloga de la Fiscalía, quien recomendó una evaluación psicológica completa, la cual fue solicitada al Departamento de Atención a Víctimas del Ministerio Público.

Asimismo, la Unidad Especializada solicitó contención psicológica a través del Ministerio de la Mujer; sin embargo, cuando Nancy Soledad acudió para recibir apoyo, presentó una crisis emocional, por lo que decidieron derivarla a consulta con una psicóloga y un psiquiatra del Hospital Regional. Allí le asignaron una nueva fecha para una segunda evaluación, programada para ayer 24 de junio, pero no se presentó, a pesar de las reiteradas notificaciones del Ministerio de la Mujer.

Por otra parte, Nancy Soledad consultó con un psiquiatra particular, el doctor Víctor Espínola Chena. Según el informe expedido por el médico tratante, la paciente presentaba “tono de voz alto, lenguaje verborreico y dificultad para

articular las palabras debido al curso acelerado. Asimismo, el pensamiento era de tipo celotípico, paranoico, incoherente, y el contenido se refería a maltrato psicológico y emocional por parte de su pareja”.

El profesional le fijó una segunda consulta para el 3 de marzo de 2025; sin embargo, la paciente no acudió. Se reagendó para el 3 de abril, pero tampoco asistió. Según sus familiares, ella se negó a acudir a la consulta.

Paralelamente, los juzgados de Paz del segundo y cuarto turno, respectivamente, habían ordenado medidas de protección para Nancy Soledad Paiva, prohibiendo el acercamiento de Cristian Rojas. Por su parte, el denunciado declaró ante el Ministerio Público y sostuvo que su expareja atraviesa problemas de salud mental, que consume medicamentos controlados y que él mismo había costeado parte de su tratamiento. Aseguró, además, que actualmente convive con otra pareja y negó rotundamente los hechos denunciados.

Ayer, Nancy Paiva volvió a denunciar a Rojas, manifestando que la sigue agrediendo física, verbal y psicológicamente, incurriendo presuntamente en el hecho punible de desacato. También aseguró que él instaló cámaras ocultas en un árbol de su vivienda, supuestamente para vigilarla. La denuncia fue recepcionada por efectivos policiales de la subcomisaría 3ª jurisdiccional, quienes acudieron al lugar y elaboraron el acta correspondiente.

El caso fue nuevamente elevado a la Fiscalía para su investigación. Desde el Ministerio Público se reafirma que se brindó asistencia integral a la mujer en el marco de la ley, y que cualquier incumplimiento de las medidas judiciales, así como la ocurrencia de nuevos hechos, serán analizados con base en los elementos que surjan durante el nuevo proceso.