El requerimiento conclusivo fue presentado ante el Juzgado Penal de Garantías a cargo de la magistrada Carina Frutos Recalde.

El agente fiscal Alberto Torres Flores, de la Unidad Penal número 3 de Presidente Franco, formuló acusación contra los docentes Genaro Martínez Moreno (54) y Aurelio Santacruz Gaona (55), por su presunta responsabilidad en los hechos punibles de estafa y producción de documentos no auténticos. El requerimiento conclusivo fue presentado ante el Juzgado Penal de Garantías a cargo de la magistrada Carina Frutos Recalde.

De acuerdo con la investigación fiscal, los hechos se remontan a febrero de 2018, cuando las ciudadanas Norma Beatriz Quiñónez de González y Marta Lorenza Pérez Escobar se inscribieron en la Universidad Politécnica y Artística del Paraguay (UPAP), sede Mayor Otaño, para cursar la carrera de profesora en Educación Escolar Básica 1° y 2° Ciclos, obteniendo sus respectivos certificados académicos.

Sin embargo, en 2021, al culminar sus estudios, ambas fueron notificadas por la institución sobre la falta de acreditación oficial de la carrera ante la CONES, motivo por el cual solo se les otorgó el título de Licenciada en Educación Inicial.

Aprovechándose de la confianza de sus colegas docentes, los ahora acusados -uno funcionario público y otro docente jubilado y exfuncionario público, además exdecano y propietario de una universidad privada- contactaron a las víctimas a

principios de 2021 para ofrecerles realizar gestiones ante el Instituto de Formación Docente Virgen de Fátima, ubicado en Lambaré, para obtener el título de profesora en Educación Escolar Básica 1° y 2° Ciclos y los certificados correspondientes.

Mediante declaraciones falsas, los sindicados convencieron a las víctimas de pagar presuntamente la suma de 25.000.000 de guaraníes para convalidar todas las materias cursadas en la UPAP. Luego, el 30 de noviembre de 2021, tras recibir el pago en la ciudad de Los Cedrales, los sindicados entregaron a las víctimas documentos apócrifos que presentaron como auténticos, consistentes en títulos y certificados expedidos presuntamente por el Instituto Virgen de Fátima ese mismo año.

Posteriormente, el acusado Genaro Martínez Moreno presumiblemente completó formularios oficiales del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) con datos falsificados y registró los documentos fraudulentos en el sistema SIGMEC, con firmas adulteradas de las víctimas.

Cuando las maestras presentaron estos documentos ante el MEC, fueron informadas que los títulos y certificados no fueron validados por contener información falsa, y recibieron apercibimientos por presentar documentos apócrifos. Ante reclamos, uno de los acusados aseguró que se trataba de un problema administrativo y que se resolvería. Sin embargo, pasó el tiempo y hasta la fecha no hubo solución.

Por lo tanto, las afectadas presentaron la denuncia ante el Ministerio Público, la cual derivó en la imputación de los docentes jubilados. Luego, tras completarse el plazo establecido por el Juzgado para la investigación, el fiscal Alberto Torres presentó la acusación y solicitó la apertura de juicio oral contra Genaro Martínez Moreno y Aurelio Santacruz Gaona, basándose en la denuncia, testimonios, pericias documentales y demás pruebas recabadas durante la etapa preparatoria.