Estas acciones tuvieron como objetivo documentar a los internos, a fin de precautelar el derecho a la identidad que toda persona posee.

La agente fiscal de ejecución de la Fiscalía Regional de Ciudad del Este, Liliana Denice Duarte, representó al Ministerio Público en el simposio: “Dignidad tras las rejas”, organizado por la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de la Defensa Pública, a través del Instituto Técnico Superior. El evento tuvo lugar en el Salón Auditorio de la Gobernación del Departamento de Alto Paraná para conmemorar los 10 años de vigencia del Código de Ejecución Penal.

El encuentro convocó a diversas autoridades, referentes del sistema judicial, miembros de la sociedad civil y representantes de organismos internacionales. Durante la jornada, se discutieron temas fundamentales sobre los derechos de las personas privadas de libertad, los avances y desafíos del sistema penitenciario, así como la importancia de garantizar la dignidad humana dentro de los centros de reclusión en el país.

La fiscal Liliana Duarte presentó una disertación titulada: “Beneficios penitenciarios y desafíos en su aplicación práctica: Reflexiones desde la experiencia del Ministerio Público”. En su intervención, destacó el artículo 20 de la Ley de Ejecución Penal, que establece: “El Ministerio Público, a través del Fiscal de Ejecución, intervendrá en el proceso de ejecución de las penas y medidas, así como en los incidentes de ejecución, y velará por los fines constitucionales de la pena y los derechos del condenado. A tal efecto, podrá formular requerimientos ante el Juez de Ejecución”.

Además, explicó los beneficios penitenciarios que la ley otorga a las personas privadas de libertad, tales como la redención, la salida transitoria y la libertad condicional. También abordó el concepto de “Tutela jurisdiccional” establecido en el artículo 291, que señala: “Las peticiones de tutela jurisdiccional darán lugar a resoluciones generales y particulares. Las resoluciones generales promoverán y garantizarán los derechos y garantías previamente mencionados, pudiendo ser dictadas de oficio”.

El artículo 292, por su parte, refiere: “Las resoluciones particulares se ocuparán de reparar los derechos y garantías vulnerados de los condenados, a quienes se haya aplicado una medida, o de los prevenidos. Estas resoluciones serán notificadas al Ministerio Público y a las partes interesadas”.

Durante su exposición, la fiscal también destacó diversas actividades realizadas por su unidad fiscal, en colaboración con el Juzgado de Ejecución Penal, el Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional y la Oficina del Registro Civil de las Personas de Ciudad del Este. 

Estas acciones tuvieron como objetivo documentar a los internos, a fin de precautelar el derecho a la identidad que toda persona posee.