Dos procesados tras recuperación de vehículos robados
Se trata de Fernando Gabriel Romero Recalde (29 años), propietario del local, y Miguel Armando López Ferreira (24 años)
El Ministerio Público, a través del agente fiscal Alcides Giménez Zorrilla, formuló imputación contra dos jóvenes por la presunta comisión del hecho punible de reducción, tipificado en el artículo 195, inciso 1°, del Código Penal, tras encontrarse en su poder vehículos robados en proceso de desarme.
Se trata de Fernando Gabriel Romero Recalde (29 años), propietario del local, y Miguel Armando López Ferreira (24 años), quien registra antecedente por incumplimiento del deber legal alimentario (año 2025).
De acuerdo con la imputación, un hombre y su familia fueron víctimas de un asalto armado ocurrido el 11 de octubre de 2025, alrededor de las 14:30, en el kilómetro 7 Monday, fracción Los Rosales, del barrio Ciudad Nueva de Ciudad del Este. En esa ocasión, dos hombres armados a bordo de una motocicleta lo interceptaron y lo obligaron a descender de su vehículo, un Toyota Allion, color plateado, matrícula DRAK 777, tras lo cual se dieron a la fuga con el rodado.
Tras la denuncia, en el marco de la investigación del caso, la Fiscalía y la Policía Nacional realizaron el 13 de octubre pasado un allanamiento en un taller mecánico ubicado en las calles Benigno Ferreira y Julio César Riquelme, kilómetro 7, barrio Ciudad Nueva. En el sitio, los intervinientes encontraron el automóvil robado, ya en proceso de desarme, además de otros rodados y piezas de vehículos hurtados que son investigados en otras causas penales.
Durante el procedimiento fueron detenidos los dos sospechosos, quienes presuntamente alquilaban el local y aparentemente trabajaban como chapistas y pintores de los vehículos sustraídos. El Ministerio Público fundamenta la imputación en evidencias fácticas y documentales, entre ellas la denuncia de la víctima, notas policiales, órdenes de allanamiento y hallazgos de evidencias en el taller.
Debido a la gravedad del hecho, el fiscal Giménez solicitó la prisión preventiva de los imputados, considerando los riesgos de fuga y obstrucción, así como la elevada sanción que podría recaer sobre ellos. Asimismo, requirió un plazo de cuatro meses para la presentación del requerimiento conclusivo.
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