Denuncian a dueña de agencia de viajes por presunta estafa
El hecho ocurrió el 1 de abril de 2025 en la agencia de turismo “Grazie Travel”, ubicada en el kilómetro 5 ½ del barrio La Blanca de Ciudad del Este.
El fiscal Luis Fernando Escobar, titular de la Unidad Penal N.º 7 de Ciudad del Este, imputó a Lidia Graciela Paiva Morínigo (50) por la presunta comisión del hecho punible contra el patrimonio (estafa), previsto y penado en el artículo 187, inciso 1, en concordancia con el artículo 29 del Código Penal.
De acuerdo con los elementos recabados en la investigación preliminar, el hecho ocurrió el 1 de abril de 2025 en la agencia de turismo “Grazie Travel”, ubicada en el kilómetro 5 ½ del barrio La Blanca de Ciudad del Este. Según la imputación, la sindicada, en su carácter de propietaria del local, habría simulado la venta de pasajes aéreos con destino a España a las ciudadanas Luana Irala y Sara López, quienes abonaron la suma de 16.600.000 guaraníes en concepto de pago por los boletos.
El monto fue transferido desde una cuenta habilitada en el Banco Familiar por Juan Walberto Flor, quien prestó el dinero a las víctimas y las acompañó personalmente a la agencia. Sin embargo, la imputada canceló el viaje mediante una simple comunicación verbal, sin presentar justificación, documentación respaldatoria de la operación ni ofrecer una nueva fecha de vuelo. Asimismo, se negó a devolver el dinero recibido.
Luego, las víctimas denunciaron el hecho ante el Ministerio Público, aportando declaraciones testificales y una copia autenticada del recibo emitido por la firma “Grazie Travel” con la fecha del pago. Además, se presentó un acta de conciliación firmada en sede de Defensa del Consumidor de la Municipalidad de Ciudad del Este.
A criterio del Ministerio Público, Paiva Morínigo habría inducido al error a las denunciantes mediante una falsa promesa de prestación de servicio, provocando un perjuicio patrimonial importante.
La Fiscalía solicitó al Juzgado Penal de Garantías la notificación de la imputación, la suspensión de la ejecución de la prisión preventiva y la aplicación de medidas alternativas, atendiendo a la naturaleza del hecho y el estado actual del proceso.
Asimismo, pidió un plazo de cinco meses para la conclusión de la investigación y la presentación del requerimiento conclusivo, dado que aún restan diligencias pendientes como informes de entidades bancarias, nuevas declaraciones testificales y otros elementos probatorios.
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