La jornada arrancó ayer en Minga Guazú, donde la delegación fue informada de los avances por parte de los responsables de esta obra.

Autoridades del Gobierno Nacional verificaron la situación real de las tres nuevas sedes penitenciarias construidas, una en Minga Guazú, departamento de Alto Paraná y dos en la ciudad de Emboscada, departamento de Cordillera.

La ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión, encabezó la comitiva integrada por representantes del Ministerio de Justicia que tuvo la misión de verificar en terreno la situación real de las sedes penitenciarias construidas.

La jornada arrancó ayer en Minga Guazú, donde la delegación fue informada de los avances por parte de los responsables de esta obra, que así como las demás, se encuentra en etapa de recepción provisoria.

En el caso de este futuro recinto penal, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) está a cargo de la pavimentación del acceso y de las calles aledañas, como parte del compromiso asumido con la comunidad donde está asentado el nuevo recinto penal.

En dicha sede se pudo corroborar que faltan algunos trabajos en la parte civil, así como en lo que respecta a equipamiento que está haciendo la Itaipu Binacional, informó el MOPC.

Posteriormente, y siguiendo el mismo procedimiento, el equipo interinstitucional se trasladó hasta la ciudad de Emboscada. Allí se encuentran dos cárceles más con igual situación.

Al término del recorrido, la titular del MOPC manifestó lo siguiente: “Estamos terminando un día de trabajo en terreno, hemos recorrido la cárcel, la penitenciaría de Minga Guazú, y las dos penitenciarias acá en Emboscada, junto con el equipo técnico, el equipo de Justicia, las empresas contratistas, y llevamos, por supuesto, en detalle de todo lo que está todavía pendiente para poder habilitarlas y ponerlas al servicio del país lo antes posible”.

Tras evaluar los antecedentes y recabar información actualizada de parte de las mismas empresas contratistas, reconoció que todavía queda un recorrido por delante para que estas cárceles estén operativas. “Esa es nuestra preocupación y, por supuesto, no es tampoco menor dejar de mencionar que este paquete de obras forma parte de otros tantos proyectos que ahora están sin financiamiento”, lamentó.

También reconoció que hay una porción importante todavía que está adeudada a las empresas constructoras. “Bueno, todo es parte del mismo problema también y obviamente es por eso que hoy se encuentran estos cascarones que no están en operación”, comentó.

Centurión recordó que desde el 15 de agosto vienen recopilando información respecto a estas obras, revisando todos los antecedentes y por supuesto qué es lo que se ejecutó y finalmente lo que está, porque todas las cárceles tienen recepción provisoria por parte de la cartera de Obras Públicas.

“Nuestro trabajo comenzó cuando asumimos el 15 de agosto y por supuesto, no para, pero hoy, dada también la circunstancia, tiene una prioridad especial que nos encomendó el presidente de la República (Santiago Peña), que es poner en operación las cárceles en el menor tiempo posible”, afirmó.

Recordemos que la licitación se dividió en tres lotes, dos se ejecutan en Emboscada y uno en Minga Guazú. Las construcciones constan de 8 bloques, de los cuales 7 son para celdas comunes y 1 pabellón de máxima seguridad. Además, incluyen talleres y aulas, un sector deportivo, comedor, etcétera.

El Lote 1 está a cargo de la empresa Aponte Latorre S.A.; Lote 2 es del Consorcio Cordillera (Constructora Heisecke — Edivisa) y el Lote 3 lo ejecuta AGB — Tocsa.