Ciudad del Este

Empresarios imputados por fraguar documentos por US$ 705.000

Entregaron pagarés como parte de pago por operaciones bancarias pero eran falsificados.



La agente fiscal Carolina Rosa Gadea inició una investigación contra dos empresarios brasileños que supuestamente falsificaron documentos para no pagar 705 mil dólares americanos a una entidad bancaria. Ellos son Carlos Roberto Valiati y Anoir Frizon, quienes soportan cargo por Producción de Documentos no Auténticos.

La denuncia contra los encausados -accionistas de la firma Centro Agrícola Implementos S.A. (CAISA)- fue presentada el 25 de julio del 2019 por los representantes legales del Banco Do Brasil. La acción penal refiere que en el año 2015, los hoy imputados entregaron a la entidad bancaria, como garantías de pago por varias operaciones, pagarés que recibieron supuestamente de terceros por la compra de maquinarias agrícolas. Sin embargo, posteriormente se confirmaron que aquellos documentos eran presumiblemente falsos.

Según las averiguaciones, los accionistas de CAISA venían realizando frecuentes operaciones con el Banco do Brasil desde el 2013 sin presentar irregularidades. Pero la relación comercial comenzó a deteriorarse cuando en el 2015, el banco comenzó a realizar notificaciones a los libradores de los pagarés, avisándoles que los mismos debían ser pagados a la citada entidad crediticia y no al Centro Agrícola. En respuesta a los colacionados, una docena de productores se presentaron y desconocieron sus firmas y deudas.

Las operaciones de créditos con garantía prendaria de pagarés de terceros otorgados a Centro Agrícola, fueron gestionadas en la sucursal del Banco do Brasil de Ciudad del Este por los hoy procesados, Carlos Roberto Valiati y Anoir Frizon.

En total, la institución bancaria desembolsó la suma de 800 mil dólares americanos en 7 operaciones. La empresa CAISA solamente abonó la suma de 95 mil dólares por las cuotas de las primeras operaciones, dejando de pagar la suma de 705 dólares.

La Fiscalía en todo este tiempo reunió numerosas evidencias, mediante informes remitidos por distintas instituciones, y finalmente la fiscal Carolina Rosa Gadea presentó la formal imputación contra los dos empresarios.